Existen un millón y medio de razones
para que este primero de mayo sea un grito desesperado de los andaluces contra
las políticas de recortes económicos y sociales que viene sufriendo nuestra
tierra. Unas políticas restrictivas que condenan a Andalucía a más paro y a más
marginalidad.
Desde
la modificación del artículo 135 de la Constitución pactada por el PSOE y el
Partido Popular, por la que se consagra a toda costa la estabilidad
presupuestaria y se cede a la Unión Europea la soberanía para marcar los
objetivos de déficit, han antepuesto los intereses de los grandes grupos
económicos y financieros a los intereses de los trabajadores y de los
emprendedores.
Las
políticas intervencionistas pactadas en el Consejo de la Unión Europea,
especialmente la política agraria común (PAC), con nuevos recortes y nuevos
criterios que favorecen a los grandes propietarios en detrimento de las
pequeñas explotaciones, en nada favorecen el futuro de muchas comarcas de
Andalucía en las que la reducción de las ayudas las condenarán al
despoblamiento, la dependencia y el abandono de cultivos con fuerte carga
social y medio ambiental.
Los
presupuestos generales del Estado y los de la Junta de Andalucía, en los que
prácticamente se eliminan las inversiones en infraestructuras, aseguran un
presente desolador para el empleo y un futuro sin esperanzas para un estado del
bienestar cada vez más agónico; un estado del bienestar en el que cada día se
recortan las políticas sociales y en el que casi medio millón de familias
andaluzas tienen a todos sus miembros en paro y en el que un 40% de los
andaluces viven en riesgo de pobreza.
Un
estado del bienestar en el que el Gobierno Central recorta las asignaciones
para ayudas a la dependencia y la junta de Andalucía paraliza los nuevos
expedientes de asistencia a la dependencia, dejando sin cubrir vacantes en
centros de día y residencias de mayores, despidiendo a personal y dejando de
abonar los convenios de centros concertados, con la consecuente destrucción de
empleo.
Este
panorama desolador se agrava casi a diario con cierres de empresas que, al
amparo de una reforma laboral injusta, se deslocalizan de nuestra tierra, donde
han estado obteniendo ayudas públicas y beneficios empresariales, haciendo
aumentar las cifras del paro en un goteo permanente sin que las instituciones
de gobierno tomen medidas contundentes. Frente a esta sangría los andalucistas
creemos necesario un cambio en la reforma laboral y apostamos por el boicot a
los productos de aquellas empresas que cierren sus instalaciones en Andalucía,
a pesar de ser viables.
Los
andalucistas consideramos que la política obsesiva del gobierno del Partido
Popular de reducir a toda costa el déficit público no es el camino; Andalucía
necesita un plan de empleo prioritario en el que la inversión pública sea un
motor para la creación de empleo y el gasto público cumpla una función social.
La reciente sentencia del tribunal constitucional de Portugal es un ejemplo
claro de que en un estado social y democrático el interés de los ciudadanos
está por encima del interés de los mercados.
Las
políticas populista y paternalistas auspiciadas por la Administración Andaluza,
con planes de empleo y pactos de concertación entre sindicatos y patronal sin
dotación presupuestaria, no son más que un maquillaje que denuncia una total
incapacidad para la gestión de la crisis.
Finalmente, los andalucistas
proclamamos con este manifiesto que ha llegado el momento de decir basta a las
políticas del Gobierno Central y al seguidismo del gobierno de la Junta de
Andalucía y de exigir un giro para gobernar pensando en las personas, en los
andaluces y andaluzas, que están sosteniendo sobre sus espaldas todo el peso de
la crisis.
¡Viva Andalucía Libre!
